Desde el 1 de junio de 2012 rige en España la Ley del Juego, y con ello comenzó a regularse este sector de la economía que mueve millones de euros al año.
La regulación vino a ocupar un espacio vacío, aportando un marco normativo a todos los juegos de apuestas online, incluyendo apuestas deportivas, casinos, poker, bingo y demás. Hasta ese momento, la actividad funcionaba de una manera “alegal”, justamente por carecer de marco regulatorio.
Lo que se buscó con la regulación del juego online en España fue justamente controlar y dotar de seguridad a una actividad muy demandada, organizando el mercado, verificando a los proveedores, sistematizando los aportes impositivos para la hacienda nacional, y protegiendo a los apostadores.
Hasta ese momento, la única regulación que existía era la relacionada al juego físico en las salas de casino. No obstante, la evolución de la actividad provocó un crecimiento exponencial de las actividades en la red, que hasta el momento sufrían del mencionado vacío legal.
Qué cambió con la ley
Lo central que quedó incorporado con la nueva normativa es el registro de las casas de apuestas que desean operar en España. Y tal registro implica el cumplimiento de una serie de requisitos que apuntan básicamente a la protección del usuario y a la correcta tributación de estas empresas al fisco nacional.
Para los usuarios tiene la ventaja de haber logrado que la española sea una de las más seguras ofertas de juego legal, teniendo la garantía de que aquellos que figuran en el “listado de operadores con licencia” serán operadores que han sido autorizados a ofrecer y organizar juego en España.
Jugar a través de estos operadores implica tener garantía de juego honesto, ya que la Dirección General de Ordenación del Juego (DOGJ) supervisa que el mecanismo sea justo, sin trampas ni estafas. Al mismo tiempo asegura una absoluta fiabilidad en las operaciones de pagos y cobros, protección de los datos del jugador y aportación legal a la sociedad. Pero también las empresas autorizadas se ven en la obligación de asegurar que se le impida el acceso a menores de edad y ofrecer la posibilidad de autoexclusión del juego a los grupos vulnerables, todo con un énfasis general sobre la protección del consumidor/jugador.
A su vez, sólo las empresas de apuestas online que tengan licencia podrán anunciarse en medios españoles, y en lo que hace a los jugadores, sólo podrán apostar en salas con licencia de juego en España, y únicamente contra jugadores españoles.
Qué pasó desde su sanción
Durante los primeros cuatro meses de vigencia de la ley, bajo su marco normativo se apostó en España un total de 1.256 millones de euros, entregando premios por 77,4 millones, lo que implica un promedio de ganancias del 6,2 % para los apostadores.
También se avanzó enormemente en el proceso de registro de los jugadores. Hasta junio, la cifra total era de 111.258 jugadores registrados. A septiembre de 2012 ya superan los 707.676, según datos de la DOGJ.
Según la misma fuente, un 41,8 % del total fueron apuestas de contrapartida (eventos deportivos), un 35,9 correspondieron al juego de poker, un 17,8 a juegos de casino y un 4,2 a apuestas mutuas.
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